La Copa América comenzará finalmente el próximo domingo en Brasil, después de que la Corte Suprema rechazó este jueves tres recursos que intentaban impedir el torneo de fútbol suramericano por la altísima incidencia de la Covid-19 en el país.
El último escollo judicial que restaba para la celebración del torneo cayó en el Supremo, que en una decisión mayoritaria ratificó la jurisprudencia ya sentada por el tribunal en el sentido de que la última palabra sobre eventos deportivos en plena pandemia la tiene cada uno de los gobernadores de los 27 estados del país.
En términos futbolísticos, el fallo caminaba hacia una “goleada”, pues los primeros seis de los once miembros de la corte que votaron rechazaron las tres demandas contra el torneo intentadas por dos partidos políticos y un sindicato, con lo que le dieron carácter definitivo a la sentencia.
En esas acciones se alegaba el descontrol de la crisis sanitaria en un país que ya suma casi 480.000 muertos y está a las puertas de una nueva ola pandémica como argumento para impedir la realización del campeonato, que reunirá a diez selecciones de Sudamérica.
La única salvedad que puso el tribunal es que sea presentado un protocolo de seguridad, que según la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) será similar al de otros torneos que se celebran en Brasil y la región, que mantienen a las delegaciones en rígidas “burbujas” y con partidos disputados sin público.
La decisión de la Corte Suprema estuvo apoyada en el voto de la instructora del caso, Carmen Lucia Antunes, quien subrayó que ya en sentencias anteriores el tribunal había determinado que gobernadores y alcaldes tienen la potestad de suspender o liberar actividades en sus territorios, sean económicas, sociales e incluso deportivas.
En este caso particular, Antunes dijo que “a ellos cabe definir, hacer cumplir y controlar los protocolos para que no haya una ‘copavirus’, que sea fuente de infecciones y transmisión de nuevas cepas”.
Apuntó además que las autoridades locales, “si fuera el caso”, podrán ser responsabilizadas en el futuro “por sus decisiones administrativas” y las consecuencias que eventualmente generen.
