El contralor de Maduro le da un nuevo golpe a la democracia en Venezuela al inhabilitar para ejercer cargos públicos por 15 años al presidente interino, Juan Guaidó, y a otros 27 diputados opositores. Lo hace bajo el argumento de que ninguno presentó una declaración jurada de patrimonio después de que se vencieran sus cargos como legisladores en enero pasado, fecha en la que se instaló la Asamblea Nacional chavista, tras unas elecciones irregulares y cuestionadas por la oposición y también por la comunidad internacional.
Sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos, dijo el contralor chavista, Elvis Amoroso, a través de una transmisión por el canal del Estado, Venezolana de Televisión. De acuerdo con Amoroso, los opositores tienen algo que ocultar al no presentar declaración jurada de patrimonio.
Es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador, que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público, recalcó Amoroso. Al momento de esta publicación, Guaidó no había respondido al anuncio.
Guaidó, quien es reconocido como presidente legítimo por medio centenar de países, se ha mantenido en el cargo como líder del Parlamento opositor, tras negarse a reconocer al nuevo Parlamento que controla el chavismo, elegido en las elecciones fraudulentas del 6 diciembre uno de los golpes que le ha dado el régimen a la democracia.
En ese mes, el líder opositor decidió extender su mandato y el periodo legislativo de la Asamblea Nacional, elegida en 2015. Desde entonces, los parlamentarios opositores se reúnen bajo una instancia denominada Comisión Delegada. A juicio del líder opositor, desde su posición, presionará aún más hasta lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro y convocar a elecciones libres.
En marzo de 2019, la Contraloría inhabilitó también por 15 años al presidente interino, sin posibilidad de ejercer cargos públicos. En aquella ocasión, Amoroso alegó que Guaidó había «usurpado funciones públicas» y cometido acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela y al patrimonio público.
