Golpe de Estado judicial contra Bernardo Arévalo de Guatemala
El presidente electo Bernardo Arévalo denunció que la Fiscalía buscan anular su victoria y la de su partido en las elecciones de agosto
Bernardo Arévalo, el candidato progresista que ganó las elecciones presidenciales de Guatemala el pasado 20 de agosto. Ahora, denunció que la Fiscalía y el Congreso buscan anular su victoria y la de su partido. Pero ¿Qué hay detrás de este intento de romper el orden constitucional?
El candidato, se enfrenta a un duro obstáculo para asumir el poder el próximo 14 de enero: un golpe de Estado judicial orquestado por la Fiscalía y el Congreso. Estos, pretenden invalidar su triunfo y el de su partido, el Movimiento Semilla.
Así lo denunció el propio Bernardo Arévalo el pasado 1 de diciembre. En ese momento, agentes del Ministerio Público allanaron las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, TSE. Los funcionarios, abrieron las urnas electorales para verificar las firmas de los votantes.
Según la Fiscalía, el Movimiento Semilla se inscribió como partido político con firmas falsas, lo que podría anular su participación en los comicios. Bernardo Arévalo calificó esta acción como una “provocación” y una “violación” de la voluntad popular expresada en las urnas.
Bernardo Arévalo pidió la renuncia de Porras y de los diputados que apoyan su gestión
Durante las votaciones, Bernardo Arévalo obtuvo el 60,91% de los votos frente al 39,09% de su rival. Además, señaló como responsables de este intento de golpe de Estado a la fiscal general Consuelo Porras. Tambien, al fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche, al juez séptimo de instancia penal Fredy Orellana y a la Junta Directiva del Congreso.
“Está en curso un golpe de Estado en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma”. Fueron los comentarios de Arévalo en una conferencia de prensa. Allí anunció que presentaría una denuncia penal contra los implicados.
Arévalo aseguró que este golpe de Estado judicial responde a los intereses de los grupos de poder corruptos. Estos, se oponen a su proyecto de cambio y de lucha contra la impunidad, que ha sido el eje de su campaña electoral.
Bernardo, hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Juan José Arévalo, se presentó como el candidato de la ciudadanía. El de la nueva política, frente a la vieja clase política representada por Torres.
“Este golpe de Estado no solo atenta contra nuestra victoria, sino contra el futuro de Guatemala. No vamos a permitir que nos arrebaten el sueño de construir un país más justo, más libre y más digno. Vamos a defender nuestra democracia con la ley y con el pueblo”, concluyó Arévalo.
¿Qué hay detrás del golpe de Estado judicial contra Arévalo?
El intento de anular la victoria de Arévalo y de su partido no es un hecho aislado. Sino que forma parte de una serie de acciones que buscan debilitar y deslegitimar su triunfo electoral, que representa una ruptura con el sistema político tradicional de Guatemala.
Desde que Arévalo ganó la primera vuelta el 25 de junio, la Fiscalía inició una investigación contra el Movimiento Semilla. Por supuestas irregularidades en su inscripción como partido político. El 13 de julio, el juez Orellana ordenó al TSE suspender al partido y cancelar su personería jurídica. Lo que podría dejar sin efecto los votos obtenidos por Arévalo y los 23 diputados electos de su bancada.
Sin embargo, el TSE rechazó la orden judicial y permitió que Arévalo participara en la segunda vuelta. Allí, obtuvo una contundente victoria. El TSE también acreditó al Movimiento Semilla como partido político y le otorgó las credenciales a sus diputados electos.
El papel de la fiscal Porras y el juez Orellana
Los dos principales actores del golpe de Estado judicial contra Arévalo son la fiscal general Consuelo Porras. Y del juez séptimo de instancia penal Fredy Orellana. Quienes son cuestionados por su actuación en el caso del Movimiento Semilla y por su trayectoria en el sistema de justicia.
Porras fue nombrada fiscal general en 2018, con el apoyo del entonces presidente Jimmy Morales. Este enfrentaba varias investigaciones por corrupción y financiamiento ilícito de su campaña electoral.
Orellana es señalado de tener una alianza con el llamado “Pacto de Corruptos”. Un grupo de diputados que busca aprobar leyes para beneficiar a los acusados de corrupción y para debilitar al sistema de justicia.
