Juicio a Áñez: ¿Democrático o de facto?

El juicio a Jeanine Áñez, pone al descubierto la polarización política de Bolivia
Con su entorno estéril y su personal entre matorrales, parece la transmisión de video de la sala de espera de un hospital. Pero, la escena capturada en la pantalla, es el juicio virtual de Jeanine Áñez, la ex presidenta de Bolivia, que está llegando a las sesiones desde la prisión.
Áñez está acusada de asumir la presidencia por medios no inconstitucionales. Podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Pero el juicio se desarrolla en medio de acusaciones de que el gobernante movimiento al socialismo, MAS, está persiguiendo a sus oponentes a través del sistema de justicia.
El presente caso examina tres días tumultuosos: Entre la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la juramentación de Áñez.
Tres semanas antes, Morales ganó limpiamente, un cuarto mandato consecutivo, a pesar de una promesa previa de irse al final de su tercer mandato. Según está estipulado por la constitución de Bolivia desde 2009.

El juicio aparenta falta de las debidas garantías procesales
Las disputadas acusaciones de fraude electoral, generadas por los veedores de la OEA, provocaron protestas en todo el país. Finalmente, la policía se amotinó y los militares sugirieron que Morales dejara el poder.
Bolivia estuvo sin presidente durante dos días, hasta que Áñez, una senadora poco conocida de un partido de derecha menor, asumió el cargo.
Prometió nuevas elecciones, que finalmente tuvieron lugar en octubre de 2020. El Mas, liderado por Luis Arce, el ex ministro de hacienda de Evo Morales, volvió al poder por goleada.
Áñez fue arrestado en marzo del año pasado y está en prisión preventiva desde entonces. El juicio actual se centra en cómo Áñez saltó de segundo vicepresidente del Senado a presidente.
Este camino, se abrió cuando el vicepresidente y los líderes de las dos cámaras siguieron a Morales en su renuncia. Por otra parte, el gobierno tiene la intención de juzgar a Áñez por dos masacres cometidas por las fuerzas de seguridad durante su presidencia interina, en Senkata y Sacaba.
La fiscalía afirma que la sucesión de Añez fue inconstitucional y que contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Numerosos generales están siendo juzgados junto a ella.
La defensa de Áñez afirma que hubo un vacío de poder y que la presidencia recayó en ella. «Yo fui el producto o la consecuencia de esta situación», indicó en su testimonio oral. «Ese fue mi crimen: traer la paz al país, asumir el poder por sucesión constitucional».
La fiscalía comentó que espera que las sentencias se aprueben en breve. Pero, pocos esperan que el veredicto ponga fin a la marcada polarización política de Bolivia.