Crisis diplomática entre Perú y México por el asilo a Betssy Chávez
El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que la administración mexicana otorgara asilo a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el mandato de Pedro Castillo. La decisión fue comunicada por el canciller Hugo de Zela, quien acusó a México de promover una “versión ideologizada” sobre el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.
Según De Zela, el gobierno mexicano ha presentado a Chávez y a Castillo como víctimas de persecución política, ignorando que ambos enfrentan procesos judiciales en Perú. “No se trata de persecución, sino de justicia”, afirmó el ministro.
México defiende su postura.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió con un comunicado en el que calificó la medida peruana como “unilateral, excesiva y desproporcionada”. Aseguró que el asilo otorgado a Chávez se realizó conforme al derecho internacional, específicamente bajo la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, vigente para ambos países.
La embajada mexicana en Lima confirmó la concesión del asilo, lo que, según la cancillería peruana, demuestra “una falta de interés por mantener vínculos diplomáticos”.
Investigación y antecedentes.
Betssy Chávez fue liberada en septiembre de 2025 tras haber estado en prisión preventiva desde junio. Está siendo investigada por presuntos delitos de rebelión y conspiración, relacionados con el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso. La exfuncionaria niega haber participado en ese acto.
Su abogado, Raúl Noblecilla, declaró que desconocía el paradero de Chávez y no tenía información sobre el proceso de asilo.
Una tensión acumulada.
La relación entre Perú y México se ha deteriorado desde 2022. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México respaldó públicamente a Castillo, incluso después de su intento de cerrar el Congreso. En 2023, el Congreso peruano declaró persona non grata al presidente mexicano.
La situación se agravó en febrero de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “injusticia” el proceso penal contra Castillo. Perú consideró estas declaraciones como una violación al principio de no intervención.
“La posición de México ha sido reiterada y contraria al respeto por nuestra soberanía”, señaló la cancillería peruana. La presidencia respaldó la decisión de romper relaciones, acusando al gobierno mexicano de intervenir de forma constante en asuntos internos.
