España se suma desde hoy al grupo de países que acepta, facilita y regula la eutanasia, en definitiva, el derecho de una persona, en condiciones extremas tasadas, a solicitar ayuda para poner fin a su vida. El Congreso de los Diputados ha aprobado por 198 votos a favor, frente a 138 en contra y 2 abstenciones la proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE que establece las exigencias, garantías y condiciones necesarias para pedir y recibir asistencia para morir.
La norma debe ahora únicamente superar el trámite del Senado de España, que no planteará dificultades, y entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, aproximadamente en el mes de abril. «Hoy se impone el sentido común y la humanidad», ha afirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Se trata de una propuesta presentada por primera vez en 2017 por Unidas Podemos y, posteriormente, en mayo de 2018, por el PSOE. Esta última es la que, tras quedar paralizada por las sucesivas interrupciones de legislatura acontecidas en los dos últimos dos años, hoy recibe la luz verde del Congreso con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias a excepción de PP, Vox y UPN.
El PP, un partido que ha votado en contra de la ley, ha lamentado que al tratarse de una proposición de ley no se hayan recabado los informes preceptivos de los órganos constitucionales y se haya sorteado la consulta pública.
José Ignacio Echániz, en nombre de los populares, ha mantenido que el texto es «inconstitucional, inoportuno, frívolo, chapucero e injusto» y actúa «contra los más vulnerables y desvalidos». El PP defiende que hay una «alternativa» a la eutanasia y que pasa por una ley de derechos y garantías ante el proceso final de la vida que incluya la sedación, la universalización de los tratamientos paliativos y el testamento mínimo vital para asegurar que no haya muerte con sufrimiento. Esta ley es, en opinión del PP, «una derrota para todos».
La misma posición ha sido mantenida por UPN quien ha llamado la atención sobre la diferencia de coste que existe entre los cuidados paliativos y la eutanasia. Esta última práctica, ha recalcado UPN, «es gratis». «Ustedes prefieren empujar al que quiere tirarse al vacío antes que proporcionarle la ayuda necesaria para evitarlo», ha afirmado su portavoz Carlos García Adanero, suscitando las protestas airadas de media Cámara.
También en contra, Vox ha tachado la norma de «ilegítima» porque en su opinión implica la «firma de sentencias de muerte», en definitiva, dar vía libre a que «el Estado mate». Vox ha dado por hecho que, a partir de ahora, sólo podrán acceder a los cuidados paliativos quienes tengan medios para pagarlos. El resto, ha asegurado su portavoz Lourdes Méndez, se verán «coaccionados a morir». Esta ley es «criminal», «repugna a la razón» e «instaura la industria de la muerte». Vox, ha dicho, recurrirá «esta barbarie» ante el Tribunal Constitucional de España.
