Extinción de Dominio, obstáculos y seguridad

El objetivo, continuó el titular de la AN, es evitar que «la impunidad no sea la moneda de uso de los corruptos (…) por personas pertenecientes al sector privado que también son corruptas».

La acción de extinción de dominio es una acción constitucional pública, real, autónoma, directa, patrimonial, jurisdiccional y necesariamente independiente al Estado

El punto de partida del ejercicio es el derecho a la propiedad que toda persona tiene y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. Con esa medida, la extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento de ese derecho y de otros conexos. En el entendido que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal.

Como propósito principal, la Ley de Extinción de Dominio es una norma que busca evitar los efectos negativos de la delincuencia organizada y la corrupción en la economía de un país. Tras ser aprobada, esta legislación se convierte así, en una herramienta fundamental para combatir el lavado de dinero y los actos de corrupción gubernamentales. Pero, ¿qué implica esta ley y cómo afecta a la seguridad jurídica de los empresarios?

La Ley de Extinción de Dominio, también conocida en Venezuela como la Ley de Bienes de Origen Ilícito, permite al Estado, la confiscación de estos bienes. Esto significa que, si se descubre que un bien fue adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas o corruptas, se puede en principio, retirar la titularidad al propietario original y apropiarse de ellos. De esta manera, se busca desestimular la corrupción y el crimen organizado.

En la práctica, esto significa que la Ley de Extinción de Dominio permite que los bienes incautados por las autoridades no sean destruidos, sino que pasen a manos del Estado. Para ser utilizados con fines públicos como la construcción de infraestructuras o la mejora de los servicios públicos. Y por supuesto, el hacho, conlleva ventajas al gobierno de un país:

Ventajas implícitas

• El fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.
• El incremento de la seguridad jurídica, que se traduce en un fortalecimiento del Estado de derecho.
• Un clima más favorable para el desarrollo de las actividades empresariales y la inversión privada.
• El uso de los bienes decomisados por parte del Estado con fines públicos, funciona para mejora de la calidad de vida de la población.

Sin embargo, existen preocupaciones en cuanto a la idoneidad de la Ley de Extinción de Dominio en particular, en la aplicación de esta en los países cuyo gobierno no esté alineado con el estado de derecho. Para nadie es un secreto, que Latinoamérica no es la cuna de la justicia. Por otra parte, la aplicación de esta herramienta en otros países de la región, no en todos los casos, resultó bien.

¿Pero, en que se basa la constitucionalidad de este instrumento sobre bienes adquiridos de manera lícita y cuál es su impacto sobre la seguridad jurídica? Todo deriva de la confianza legítima que le otorgó la Corte Constitucional. En primera instancia, para que se les concediera seguridad jurídica a todos los ciudadanos y a los inversores extranjeros. La Ley marco, fue refrendada ante la Corte Interamericana, con el fin de resguardar a quienes de buena fe hubieran adquirido o financiado activos.

¿Qué se puede esperar?

A ser la ley es una iniciativa fundamental y tener un marco de independencia y no subordinación, está enfocada en la seguridad jurídica. Ya que es esencial para las relaciones sociales, financieras y comerciales. Sobre todo, si se quiere que bancos, constructoras, inversionistas y las personas comunes, tengan la suficiente confianza para emprender proyectos en el marco de su aplicación o paralelamente a ella. Especialmente en estos momentos en que tanto lo necesita la región para reactivar la economía.

Mientras, que la ley no pueda ser utilizada como instrumento de persecución política, todo estará bien. Porque, se pueden producir excesos en la aplicación de la norma que puedan limitar la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con el terrible resultado de desincentivar la inversión privada. Y generar incertidumbre jurídica en el sector empresarial.

Por lo que finalmente, la Ley puede ser una herramienta valiosa para combatir la corrupción, la delincuencia organizada y el lavado de dinero. Sin embargo, su aplicación debe ser cuidadosa y estar regulada por un órgano transnacional, tal como es su aplicación en Centroamérica. No debe utilizarse como instrumento de persecución política. Además, de ser necesaria, la ley y el órgano regulador, deben garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y que se cree un reglamento que fortalezca la seguridad jurídica en todos los ámbitos.