Conozca el trauma de las madres de Güinera sobre las duras penas de cárcel
Cuando miles de cubanos salieron a las calles hace un año, la única persona que perdió la vida fue asesinada en La Güinera, un barrio pobre y predominantemente afrocubano en las afueras de la capital, La Habana. Diubis Laurencio Tejeda, un joven afrocubano, fue baleado por la policía durante el levantamiento antigubernamental sin precedentes.
Después de que la policía antidisturbios anuló las protestas en todo el país, alrededor de 100 de las 700 personas que recibieron sentencias de prisión también provenían de la misma zona empobrecida. Muchos residentes, particularmente familiares de los condenados, creen que el estado hizo un ejemplo de La Güinera para disuadir futuras manifestaciones.
«Aquí en La Güinera, no hubo vandalismo», afirma Elizabeth León Martínez, mostrando imágenes de teléfonos móviles desde afuera de su casa. Según ella, estas, respaldan su versión de los hechos: que la policía irrumpió en el vecindario, arrestando a personas al azar.
«Nadie destruyó patrullas ni rompió tiendas. Aquí en la Güinera, hubo una respuesta a la policía que arrojó piedras y disparó. Todo lo que esos niños hicieron fue correr», afirma. Entre los cientos de detenidos ese día había tres de sus hijos. En su juicio posterior, recibieron entre seis y ocho años por sedición e incitación a rebelarse contra el estado.
Las madres de la Güinera, esperan poder organizarse, para lograr a libertad de sus hijos inocentes
«Todo lo que pasó en juicio es falso. Había 22 niños siendo juzgados al mismo tiempo. Era como un espectáculo, un montaje, como un teatro. Todavía estoy traumatizada por lo que vi allí», explica Elizabeth. «La justicia en Cuba no funciona».
Las condiciones de vida en La Güinera son algunas de las más precarias de La Habana. Muchos residentes viven en lo que se conoce en Cuba como casas de llega y pon. Construidas con láminas de plástico, hierro corrugado, bloques de brisa, madera o lo que sea que esté a mano.
Elizabeth vive en uno de esos lugares, sus nietos descalzos jugando entre chatarra y basura. Ya luchando, ahora debe sobrevivir con tres ingresos menos para el hogar, así como cuidar a sus hijos. Además, como la comida de la prisión es casi no comestible en Cuba, debe llevar a cada uno un paquete de comida cada semana para vivir tras las rejas.
«Llenar una bolsa es difícil en este momento», habla sobre la escasez generalizada de alimentos y el aumento de la inflación, «llenar tres es casi imposible». El gobierno comenta que muchos de los que protestaron en julio pasado habían sido incitados por voces anticastristas de Washington y Florida.
El estado afirma que las sentencias de cárcel impuestas, que fueron de hasta 25 años en algunos casos, fueron proporcionales a los supuestos delitos. Pero los grupos internacionales de derechos humanos y los familiares de La Güinera están en total desacuerdo.
Wilber Aguilar está bajo tal escrutinio de la seguridad del estado cubano, que tuvimos que reunirnos en un parque al otro lado de La Habana. Su hijo, Walnier Luis, tiene dificultades de aprendizaje. Sin embargo, en lo que Wilber explica, es que fue un juicio simulado, en el que solo se permitió testificar a testigos del gobierno, la condición de su hijo no se tuvo en cuenta. Walnier recibió 12 años tras las rejas.
Son niños jugando a la libertad, no delincuentes
«Fue condenado por sedición», afirma Wilber, incrédulo. «¿Cómo puedes imaginar que un joven negro de La Güinera que apenas se graduó de noveno grado en una escuela especial podría ser culpable de sedición? Todo es solo una gran mentira».
El líder juvenil católico Leonardo Fernández, que vive en la ciudad costera de Alamar, también fue arrestado en julio pasado por protestar frente al canal de televisión estatal. Pero recibió solo seis meses de arresto domiciliario y está convencido de que las familias de La Güinera, a quienes apoya con donaciones, fueron tratadas con más dureza que la mayoría.
«Es triste ver que se imponen penas de prisión de 20 años a niños de 19 años. Hay casos en los que las penas exceden la duración de la vida del condenado. Es una tragedia humana, y una que la comunidad internacional necesita sentarse y tomar nota».
En otras naciones, las familias podrían haber podido crear un grupo formal de madres el 11 de julio, pero en el estado policial estrechamente controlado de Cuba, tales organizaciones no sancionadas son ilegales. «Hemos intentado organizarnos, pero siempre nos detienen», exponen. «Íbamos a tener una reunión de las madres afectadas, pero de alguna manera la seguridad del estado se enteró y nos visitó una por una».
