El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional acusa al gobierno de Nicolás Maduro de hacer detención arbitraria de personas por razones políticas, e insta a su liberación inmediata.
Otros entes internacionales afirman que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sigue utilizando la detención arbitraria para reprimir a los opositores políticos.
Amnistía Internacional, no es la primera institución de derechos humanos que pide a Caracas que libere a todos los presos de una detención injustificada.
En un informe de Amnistía se documentó los casos de personas que, fueron «víctimas de detención arbitraria por motivos políticos». Entre 2018 y 2022, incluidos maestros, sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
«La detención arbitraria no puede continuar siendo una herramienta de control social del gobierno»
Los detenidos fueron arrestados debido a su activismo político o como resultado de vínculos con personas «consideradas sospechosas» por el gobierno, indicó el grupo.
«La evidencia muestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos continúan poniendo en peligro los derechos a la vida. Además de la libertad y la protección contra el daño en Venezuela», escribió Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía para las Américas, en un comunicado.
«Las detenciones arbitrarias no pueden seguir siendo una herramienta de represión y control social por parte del gobierno», agregó.
Grupos de derechos humanos afirman que aproximadamente 300 personas están detenidas como presos políticos en Venezuela. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales ya documentaron detenciones arbitrarias y abusos de derechos durante años en la nación sudamericana.
En septiembre de 2022, una misión especial de la ONU a Venezuela comentó que las agencias de inteligencia del país «hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos». Desde al menos 2014 y «las violaciones y crímenes… Continúan hasta el día de hoy».
El gobierno venezolano rechazó las acusaciones como «falsas e infundadas». Venezuela es un «Estado democrático y social, basado en el estado de derecho y la justicia. Que está comprometido con la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos», señaló el gobierno en ese momento.
