Millones de familias enfrentan incertidumbre por la posible suspensión de ayudas alimentarias
El cierre del Gobierno federal en Estados Unidos ha encendido las alarmas entre los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Más de 42 millones de personas —incluidos 10 millones de latinos— dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. A partir de este 1 de noviembre, el futuro del subsidio está en duda por la falta de presupuesto.
Aunque dos jueces federales ordenaron el uso de fondos de emergencia para mantener el programa, el presidente Donald Trump advirtió que los pagos podrían retrasarse si no recibe las directrices legales necesarias. Mientras tanto, el Departamento de Agricultura ha instruido a los estados a no utilizar fondos federales para SNAP.
Impacto directo en los hogares más vulnerables.
California, Texas y Florida concentran el mayor número de beneficiarios. En Miami, bancos de alimentos como Feeding South Florida (FSF) han duplicado la atención diaria desde que comenzó el cierre. “Estamos recibiendo hasta 150 personas al día”, explicó Paco Vélez, presidente de FSF, quien confirmó que ya están ampliando sus instalaciones para responder a la creciente demanda.
Beatriz, residente en Florida, describió la situación como “un golpe muy fuerte para el bolsillo”, mientras que Emilia Ruiz, usuaria habitual del banco de alimentos, lamentó que “los precios suben, pero los salarios no”.
Efecto dominó en comunidades locales.
En Texas, organizaciones como Hill Country Community Services reportan un aumento del 50 % en solicitudes de ayuda. Su directora, Kandy Chimento, advierte que la suspensión de SNAP podría desencadenar una cadena de problemas: familias obligadas a destinar sus ingresos a comida dejarían de pagar alquiler, lo que podría derivar en desalojos.
La preocupación también alcanza a las donaciones comunitarias, que podrían disminuir ante el alza del costo de vida.
California: el epicentro de la crisis.
Con 5,5 millones de beneficiarios, California enfrenta uno de los escenarios más críticos. Ana Lilia García, madre soltera, depende de los 600 dólares mensuales que recibe para alimentar a su familia. “Tengo dos trabajos, pero no cubren nuestros gastos”, afirmó.
La incertidumbre sobre el futuro de SNAP refleja una crisis que va más allá de la política: pone en juego la seguridad alimentaria de millones de personas en todo el país.
