El pasado 3 de diciembre, el gobierno de Venezuela realizó un referendo consultivo sobre el Esequibo, un territorio de 159 mil kilómetros cuadrados que controla Guyana, pero que Venezuela considera como suyo desde hace más de un siglo.
Según los datos oficiales, el referendo tuvo una participación de 8,6 millones de personas, de las cuales el 99,9% votó a favor de las propuestas del gobierno. Sin embargo, la oposición venezolana, que no reconoce la legitimidad de Maduro, cuestionó la veracidad de las cifras y denunció irregularidades en el proceso.
Guyana rechazó el referendo sobre el Esequibo y lo calificó de “ilegal” y “amenazante” para su soberanía e integridad territorial
Venezuela, en cambio, desconoce la validez de ese laudo, y argumenta que fue producto de un fraude orquestado por el Reino Unido. Quien, para ese entonces, era la potencia colonial de Guyana en ese momento.
Venezuela reclama el Esequibo como parte de su herencia histórica, y propone resolver el conflicto por la vía del diálogo y la negociación. Basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que estableció un mecanismo de solución pacífica.
El referendo sobre el Esequibo no ha hecho más que complicar una disputa que lleva más de un siglo sin resolverse. Por lo que, se ha agudizado en los últimos años por el hallazgo de importantes yacimientos de petróleo y gas en la zona.
El resultado de la consulta no tiene efectos jurídicos ni diplomáticos, y solo refleja la posición política del gobierno de Maduro. Esta, busca reforzar su legitimidad interna y externa, y movilizar a sus seguidores en torno a una causa nacional.
Sin embargo, el referendo también podría generar tensiones y provocaciones entre los dos países, y poner en riesgo la estabilidad de la región.
