Acuerdo para participación de candidatos inhabilitados en Venezuela
Se abre la posibilidad de que los dirigentes opositores que habían sido inhabilitados, entre los que destacan María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano
El Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria, un bloque que condensa a un sector de la oposición, han acordado un mecanismo de revisión para permitir la participación de los candidatos que hayan sido inhabilitados para las presidenciales de 2024.
La decisión se conoció el pasado jueves, cuando los jefes de los equipos negociadores, Jorge Rodríguez (Gobierno) y Gerardo Blyde (oposición), compartieron en sus redes un documento en el que se detallan los pasos que deberán seguir los interesados en obtener esa medida.
Con esta determinación, se abre la posibilidad de que los dirigentes opositores que habían sido inhabilitados, entre los que destacan María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano, entre otros, puedan acudir al Supremo para gestionar sus recursos. Hasta ahora, ninguno de ellos se ha pronunciado en sus redes sobre las acciones que tomarán.
El acuerdo implica que los candidatos que hayan sido inhabilitados para las presidenciales de 2024 podrán acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer el recurso contencioso administrativo contra la medida de inhabilitación, acompañado de una solicitud de amparo cautelar.
El lapso establecido para este trámite es desde este viernes hasta el 15 de diciembre de 2023. El oficio que detalla el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República fue confirmado por la embajada de Noruega en México, facilitadores del proceso de diálogo que se retomó el 17 de octubre pasado en Barbados.
El oficio se basa en el ‘Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos’, suscrito en Bridgetown.
Compromisos
Según se explica en el texto, tanto en la demanda presentada como en las declaraciones públicas, los interesados no deberán emitir «conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado«, según lo estipulado por el máximo tribunal.
Del mismo modo, deberán comprometerse a:
- Respetar la Constitución y las leyes.
- Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales.
- Resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, según la Carta Magna.
- Acatar en el marco constitucional la decisión del TSJ.
- Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
Fecha límite
Washington estableció una fecha límite para que el gobierno de Venezuela anunciara una medida sobre los candidatos inhabilitados a las elecciones presidenciales, con énfasis en la candidatura del líder opositor Juan Guaidó.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó el jueves que aún no había visto ningún progreso. «Quedan ocho horas en el día, así que veremos qué deciden hacer los venezolanos», dijo en una rueda de prensa.
Kirby también fue consultado sobre si se reestablecerían las sanciones que habían sido flexibilizadas tras el Acuerdo de Barbados. Dijo que no quería adelantarse y que eso le correspondía al Departamento del Tesoro.
Una semana antes, el jefe de misión de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, Francisco Palmieri, afirmó en una entrevista que aunque el 30 de noviembre no fue una fecha estipulada en Bridgetown, era un «plazo para actuar a favor del proceso» y para «demostrar a los venezolanos y a la comunidad internacional que EE.UU. sigue comprometido con el progreso democrático en Venezuela».
El acuerdo anunciado el viernes por el gobierno de Venezuela y la oposición cumple con los requisitos establecidos por Washington. Guaidó fue habilitado para participar en las elecciones, junto con otros dos candidatos opositores.
La decisión de Washington de establecer una fecha límite fue interpretada por algunos analistas como una señal de que EE.UU. estaba perdiendo la paciencia con el gobierno de Venezuela.
