Desde el inicio de las manifestaciones en Nicaragua en abril, varias empresas se vieron afectadas por las protestas en contra el gobierno del presidente Ortega, situación que llevo a que la economía comenzara a decaer tras la grave crisis política que atraviesa el país.
La economía de Nicaragua se ha visto devastada por casi cinco meses de disturbios provocados por una reforma de la Seguridad Social que pronto derivó en peticiones de dimisión contra el presidente, Daniel Ortega.
En junio, la actividad económica del país había caído un 12,1% en comparación con el año anterior, según el Banco Central. Los economistas estiman que se han perdido 200.000 empleos, incluyendo hasta 70.000 en el sector turístico, que en los dos últimos años se convirtió en la principal fuente de divisas del país.
Los ingresos de hoteles y restaurantes se desplomaron un 45% en junio frente a 2017, de acuerdo con el Banco Central. Del mismo modo, la construcción experimentó una caída del 35% y las ventas minoristas del 27%. Además se retiraron unos 900 millones de dólares en depósitos de las entidades financieras, que respondieron ajustando sus préstamos para preservar la liquidez, lo que también contribuyó a la desaceleración económica.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua reportó que más de 4.855 hectáreas (más de 12.000 acres) de terrenos privados fueron ocupadas por partidarios del gobierno en lo que, según líderes del sector, fueron confiscaciones en venganza por su respaldo a los manifestantes.
Ortega reconoció este mes que los disturbios le costaron empleos al país. En una entrevista con la agencia de noticias española EFE, apuntó que el turismo doméstico estaba empezando a regresar, pero “donde ha habido más problema es en la atracción de turismo internacional, porque esta situación tiende a ahuyentar a los turistas”.
