El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la salida del país de dos miembros de la organización HRW de la ONU, tras la publicación de un informe que denuncia graves violaciones en Venezuela.
Una medida autoritaria y arbitraria
El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, expulsó el lunes 16 de febrero de 2024 a dos representantes de la organización Human Rights Watch (HRW), que se encontraban en el país para presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los expulsados son José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, y Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW.
Los representantes de HRW fueron notificados de su expulsión por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, quien les entregó una carta en la que les acusaba de “injerencia en los asuntos internos” y de “difamación contra el Estado venezolano”. La carta también les daba un plazo de 24 horas para abandonar el país, bajo la amenaza de ser detenidos y procesados. Los representantes de HRW tuvieron que salir de Venezuela el mismo día, sin poder realizar ninguna actividad ni contacto con la prensa o la sociedad civil.
La expulsión de los representantes de HRW se produce tras la publicación de un informe titulado “La vida bajo el régimen de Maduro: una década de represión sistemática y violaciones de derechos humanos en Venezuela”, que documenta las graves violaciones cometidas por el gobierno de Maduro desde 2014, cuando asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez.
Una reacción de rechazo y solidaridad con HRW
El informe, que se basa en más de 200 entrevistas, cientos de documentos oficiales y fuentes secundarias, denuncia que el gobierno de Maduro ha perpetrado crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. El informe también señala que el gobierno de Maduro ha violado los derechos económicos, sociales y culturales de la población, al provocar una crisis humanitaria, una hiperinflación, una escasez de alimentos y medicinas, y una migración masiva.
La expulsión de los representantes de HRW generó una reacción de rechazo y solidaridad por parte de la comunidad internacional, de las organizaciones de derechos humanos, de la oposición venezolana y de la sociedad civil.
Estos sectores condenaron la medida del gobierno de Maduro como una muestra de su autoritarismo y de su falta de respeto por los derechos humanos. Estos sectores también expresaron su apoyo y su reconocimiento a la labor de HRW, y exigieron que se garantice el acceso y la protección de los defensores de derechos humanos en Venezuela.
