El gobierno de Maduro moviliza tropas y tanques de guerra cerca de la frontera con Guyana, tras el referéndum que le dio el aval para reclamar el Esequibo, una región rica en recursos naturales
Un referéndum polémico y cuestionado
El domingo 9 de febrero de 2024, los venezolanos acudieron a las urnas para participar en un referéndum convocado por el presidente Nicolás Maduro. Allí se planteaba la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con reafirmar los derechos históricos e irrenunciables de Venezuela sobre el territorio del Esequibo y con crear un nuevo estado en dicha región, otorgando la ciudadanía venezolana a sus habitantes e incorporándolo al mapa del país? Según los resultados oficiales, el 86% de los votantes respaldó la propuesta de Maduro. Este se declaró vencedor y anunció que iniciaría las acciones diplomáticas y militares para hacer efectiva la anexión del Esequibo.
El referéndum fue rechazado y desconocido por Guyana, que considera el Esequibo como parte integral de su territorio. Denunciando, y que denunció que se trataba de un acto ilegal, inconstitucional y provocador, que violaba el derecho internacional y el Acuerdo de Ginebra de 1966, que estableció un mecanismo de negociación para resolver la controversia. Asimismo, el referéndum fue criticado y cuestionado por la oposición venezolana, que lo calificó de fraudulento, ilegítimo y manipulador, y que denunció que se realizó sin garantías electorales, con una alta abstención y con el uso de recursos públicos para favorecer la opción oficialista.
Un despliegue militar y una amenaza de guerra latente
El referéndum fue el punto culminante de una escalada de tensión entre Venezuela y Guyana, que se ha intensificado en los últimos años. En principio, debido al hallazgo de importantes reservas de petróleo y gas en la zona marítima del Esequibo, que han despertado el interés de empresas transnacionales, como Exxon Mobil. Que han firmado contratos de exploración y explotación con el gobierno guyanés. Venezuela ha rechazado estos acuerdos, que considera una violación de su soberanía. Y ha realizado acciones de hostigamiento y presión contra las embarcaciones y las plataformas petroleras que operan en la zona, lo que ha generado incidentes diplomáticos y militares.
Tras el referéndum, el gobierno de Maduro ordenó el despliegue de tropas y tanques cerca de la frontera con Guyana. En lo que denominó la Operación Cívico-Militar Bicentenario de Angostura 2024. Que, según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, tenía como objetivo «garantizar la integridad territorial y la defensa de la patria». El gobierno guyanés, por su parte, expresó su alarma y su preocupación por la movilización militar venezolana. Por lo que solicitó el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comunidad del Caribe (Caricom), para evitar una agresión armada por parte de Venezuela.
La guerra en ciernes es un desafío para el futuro y la paz
Entre Venezuela y Guyana se plantea un desafío para el futuro y la paz de ambos países y de la región. Todos se ven amenazados por la posibilidad de un conflicto militar que podría tener consecuencias devastadoras. Por un lado, está la necesidad de buscar una solución pacífica y negociada a la disputa territorial. Donde se respete el derecho internacional y los acuerdos previos, y que reconozca los intereses y las aspiraciones de las partes involucradas.
La situación de guerra entre Venezuela y Guyana se suscita en un momento, en que ambos se encuentran en un proceso de crisis y de cambio. La situación económica de Venezuela y la necesidad de Guyana de aumentar sus ingresos.
Por un lado, está la oportunidad de que la disputa territorial sea un motivo de diálogo, de cooperación y de integración entre los distintos actores y sectores. Para enfrentar los problemas comunes y construir un futuro más justo y sustentable. Por otro lado, está el riesgo de que la disputa territorial sea un factor de conflicto, de división y de violencia, que profundice las brechas y las desconfianzas, y que dificulte la convivencia y la democracia.
