Miembros del ejercito de Ecuador son acusados y se encuentran en investigación, tras conseguir posible relación por comercializar armas con el grupo que secuestró y asesinó en marzo a tres periodistas en la frontera con Colombia.
Ecuador experimentó por primera vez en su territorio la indignación que impone el terrorismo cuando un grupo disidente de las FARC puso una bomba a inicios de año que hizo explotar un cuartel policial y medio centenar de casas en la frontera con Colombia.
Dos meses más tarde, tres trabajadores del diario El Comercio fueron secuestrados y asesinados por la misma facción: el Frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Arízala, alias Guacho. Otra pareja de civiles desapareció poco después a manos de la banda relacionada con el narcotráfico.
También cuatro militares. Y ahora, tras diez meses del primer ataque, una investigación coloca al propio Ejército ecuatoriano en el foco de sospecha. Siete uniformados en activo fueron detenidos la semana pasada, junto a otros seis civiles, acusados de vender armas y municiones a la banda de Guacho.
La fiscalía ha registrado cuarteles militares, oficinas y viviendas en cinco provincias del país y ha detenido a 14 sospechosos, entre ellos, un funcionario del Ministerio de Defensa.
Uno de los arrestados fue liberado después. La línea de investigación oficial apunta a un entramado que aprovisionaba con material bélico del Ejército a los grupos que operan en la frontera ecuatoriano-colombiana y que están relacionados con el narcotráfico.
Para ocultar la venta fraudulenta, un ingeniero informático de las Fuerzas Armadas se encargaba de alterar los inventarios.
