El Ecocidio se comienza a percibir como delito
Cada vez más países al rededor del mundo dirigen su legislación contra el ecocidio, lo que ahora consideran es un delito

Un número creciente de países, finalmente, están considerando introducir leyes para tipificar como delito el ecocidio. México es el último país donde los políticos están tratando de disuadir el daño ambiental, y obtener justicia para sus víctimas, criminalizándolo.
En consecuencia, Karina Marlen Barrón Perales, diputada por Nuevo León, presentó un proyecto de ley al Congreso mexicano. Éste introduce un nuevo delito a la lista negra, el ecocidio.
Dañar el medio ambiente ya es un delito civil en la mayoría de los países. Pero, el reconocimiento del ecocidio eleva los casos más atroces a un delito, con penas que lo acompañan.
El nuevo proyecto de ley mexicano busca criminalizar «cualquier acto ilegal o gratuito cometido con el conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de daño severo y generalizado o a largo plazo al medio ambiente».

Latinoamérica no fue primero, pero es líder mundial contra el ecocidio
De ser aprobado, cualquier persona declarada culpable de crimenes ambientales podría ser encarcelada por hasta 15 años y multada con hasta 1 mil 500 pesos por día.
El proyecto de ley mexicano utiliza una definición de ecocidio desarrollada por un panel internacional de expertos legales en 2021. La definición estaba destinada principalmente a ser adoptada por la Corte Penal Internacional a través de una enmienda al Estatuto de Roma.
El que fue el objetivo clave de la Fundación Stop Ecocide, ahora también se está utilizando para la legislación a nivel nacional. Solo unos pocos estados en todo el mundo criminalizan el ecocidio, incluidos Vietnam, Ucrania y Rusia.
Se presentaron proyectos de ley similares en otros países, en Europa está a punto de finalizar su propia versión de la ley. Mientras en España los esfuerzos para criminalizar el ecocidio dentro del código penal español más amplio lo lideran Cataluña.
En Escocia, se está tratando de presentar un proyecto de ley de ecocidio y lanzará una consulta pública sobre el asunto en otoño. Y en Brasil, donde la deforestación de la selva amazónica se describe repetidamente como un delito, el partido político PSOL presentó un proyecto de ley de ecocidio al Congreso en junio.