Chile en modo búsqueda y rescate
Chile anuncia finalmente un muy esperado plan de búsqueda para encontrar víctimas y desaparecidos durante dictadura de Pinochet
El gobierno de Chile anunció un muy esperado plan de búsquedas de las víctimas de desaparición forzada y ejecución política bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que comenzó con un golpe de Estado hace 50 años el próximo mes.
El plan nacional de búsqueda establecerá las circunstancias y condiciones bajo las cuales cada persona fue desaparecida forzadamente. Con lo que podrá, garantizar el acceso a los registros gubernamentales y proporcionar reparaciones y garantías.
Es la primera vez que el estado chileno asume la responsabilidad de la búsqueda de víctimas de la dictadura de Pinochet. Esta, se desarrolló entre 1973 y 1990, a pesar de los incansables esfuerzos de las familias y cientos de casos legales asumidos por el poder judicial.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el plan de búsqueda en una ceremonia fuera de La Moneda. El palacio presidencial de Chile, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas este miércoles.
«El compromiso con la verdad y la justicia es inextinguible y nos acompañará para siempre», afirmó Boric.
«Este plan búsqueda se considera una política de Estado permanente, y como tal es esencial»
Un total de 40 mil 175 personas fueron víctimas registradas de crímenes bajo la dictadura de Pinochet. Estas van desde el encarcelamiento y la tortura hasta la ejecución.
De ellas, al menos 1 mil 92 figuran como víctimas de desaparición forzada y 377 víctimas de ejecuciones políticas. Algunos fueron arrojados al Océano Pacífico o arrojados a tumbas poco profundas en el desierto de Atacama y en otros lugares.
Los restos de sólo 307 víctimas previamente desaparecidas pudieron ser identificados desde el retorno a la democracia en 1990.
«El plan transforma los esfuerzos de las familias en una política pública permanente», indicó Luís Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Dos de los miembros de su familia fueron secuestrados en 1973 y ni ellos ni sus restos fueron encontrados.
«Esta es la primera vez que el Estado asume la responsabilidad del registro, lo cual es esencial porque los crímenes fueron cometidos por el estado. Y sus agentes son responsables en el contexto de una política de represión».
Después de consultas con familiares y organizaciones, el estado chileno centralizará la información sobre sus ciudadanos desaparecidos. Estos, fueron incluidos simbólicamente en el censo electoral desde 2021. Un presupuesto para el plan se determinará a mediados de septiembre.
¿Qué piensan los familiares de las víctimas?
«Es una buena intención del gobierno, y es esencial que tengamos una política de estado», explica Álvaro González, vicepresidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La organización nacional de familias que pasó 50 años rastreando a las víctimas.
«Pero tenemos dudas sobre cuán efectivo puede ser esto sin la cooperación de las fuerzas armadas. Mientras, afirman que no tienen ninguna información cuando sabemos que la tienen».
Los «pactos de silencio» entre los autores de abusos contra los derechos humanos y los miembros de las fuerzas armadas frustraron sistemáticamente los intentos de buscar justicia. Esto se complicó aún más por una ley de amnistía de 1978 que excusaba a los perpetradores y cómplices de todos los crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973.
Desde el retorno a la democracia, las fuerzas armadas entregaron información específica y permitieron un acceso limitado a las instalaciones y registros en el contexto de las investigaciones judiciales.
Pinochet murió en 2006 sin ser castigado por los crímenes que presidió. Muy, a pesar de su arresto en Londres en 1998 por la policía que actuó a petición de España.
La desaparición forzada «es un delito que revictimiza a las familias todos los días con la ausencia de sus seres queridos», señala Cordero. «Para la mayoría de nosotros, 50 años es una larga espera. Pero para las familias este es su hoy y su ayer».
