Trump bajo presión: dudas legales por la liberación de presuntos narcoterroristas tras ataques en el Caribe
La administración de Donald Trump ha sido objeto de crecientes críticas tras liberar a dos sobrevivientes de un ataque militar en el Caribe, acusados de participar en actividades de narcotráfico. La decisión ha reavivado el debate sobre la legalidad de las operaciones militares estadounidenses en América Latina, especialmente cuando no existe una guerra declarada por el Congreso.
Los hechos ocurrieron durante una ofensiva contra un presunto submarino utilizado para transportar drogas. Aunque el ataque resultó en la muerte de varios tripulantes, dos sobrevivientes fueron repatriados a Colombia y Ecuador sin enfrentar cargos en Estados Unidos. Esta acción ha generado interrogantes sobre la solidez jurídica de las acusaciones y la falta de pruebas públicas que respalden la narrativa oficial.
Expertos como Jack Goldsmith, exdirector de la Oficina de Asesoría Legal del gobierno de George W. Bush, han señalado la contradicción: si los individuos eran lo suficientemente peligrosos como para justificar un ataque militar, ¿por qué no fueron procesados legalmente? La respuesta parece estar en evitar complicaciones judiciales que obligarían a la administración a presentar pruebas concretas, algo que hasta ahora se ha negado a hacer.
El presidente Trump ha afirmado que permitir que el submarino llegara a tierra habría causado la muerte de 25.000 estadounidenses, aunque no ha ofrecido evidencia que sustente esa cifra. Mientras tanto, líderes latinoamericanos como el presidente colombiano Gustavo Petro han cuestionado la veracidad de las acusaciones, señalando que uno de los fallecidos en un ataque anterior era un pescador sin vínculos con el narcotráfico.
La falta de transparencia ha generado preocupación en el Congreso. Aunque el tema no ha sido prioritario debido al cierre gubernamental, algunos legisladores han comenzado a manifestar inquietud. El senador republicano Todd Young expresó su alarma por la legalidad de las operaciones y la ausencia de debate legislativo. Dos senadores ya han votado para frenar los ataques, y un grupo bipartidista evalúa impulsar una nueva votación.
La administración también ha evitado enviar a los sobrevivientes a Guantánamo, donde podrían haber sido considerados detenidos de guerra. Esta opción habría abierto la puerta a recursos legales como el habeas corpus, obligando a los tribunales a definir si realmente existe un conflicto armado que justifique tales acciones.
En este contexto, la estrategia del Gobierno parece orientada a evitar litigios y mantener el control narrativo, aunque a costa de generar tensiones diplomáticas y cuestionamientos internos. La liberación de los presuntos narcoterroristas, lejos de cerrar el capítulo, ha intensificado el escrutinio sobre las operaciones militares en el Caribe y la política exterior de Estados Unidos en la región.
