Una ley para amordazar a las ONG
Venezolanos le temen a un nuevo proyecto de ley para amordazar a la sociedad civil y las ONG
Las ONG venezolanas, hablan de la nueva ley propuesta por el gobierno de Maduro para regular a los grupos de la sociedad civil. Lo que mataría al último remanente funcional de la democracia del país y lo acercaría un paso más a un estado policial, advirtieron las principales ONG.
El proyecto de ley pasó su primera lectura en la legislatura del país. De aprobarse en una segunda lectura, obligará a las ONG a proporcionar al gobierno todos sus registros financieros. Con el fin de revisar sus agendas políticas y financiamiento puedan ser examinados.
En perspectiva, aquellos a los que se les considere que están involucrados en actividades políticas o ponen en peligro la seguridad nacional serían prohibidos. «Si eres genuino y dedicado al trabajo social y humanitario, ¿tienes algo que temer?». Indicó Diosdado Cabello, presidente del congreso y proponente del proyecto de ley, en una transmisión de televisión estatal.
Grupos humanitarios y de derechos humanos critican el proyecto de ley, diciendo que es un pretexto para tomar un mayor control del país. Que, después de décadas de erosión democrática bajo los regímenes de Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, dejará las cosas en peor posición.
La ley, junto con la reguladora de radio y televisión, son una manera de mantener el control, el silencio y la impunidad
«Si este fuera un estado normal con libertad de expresión, esta propuesta no nos preocuparía», señaló Rodrigo Diamanti, presidente de un Mundo Sin Mordaza. Uno de las decenas de grupos venezolanos de derechos humanos, que estarían en la mira de la Ley.
«Pero esto es Venezuela, donde no hay libertad de expresión y somos perseguidos por nuestro propio gobierno. Esto es simplemente otra fachada de legalidad para que impidan que quien quieran exponga la verdad».
Maduro, aún se encuentra en el poder y aferrado al poder, en la medida que la economía del país se derrumba. Y más de 7 millones de venezolanos huyeron de la hiperinflación desenfrenada, el hambre.
Diamanti indicó que la nueva ley era el último intento de intimidar a la sociedad civil para que guardara silencio. Ya, muchas organizaciones temían seguir a Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, encarcelado desde julio de 2021.
Al proponer el proyecto, Cabello señaló públicamente al principal grupo de derechos humanos Provea y expuso que el gobierno tenía una lista de 62 ONG bajo vigilancia. Provea expresó, que no podía comentar sobre el anuncio por temor a represalias.
«La libertad de expresión, tomar el control de la televisión y la radio fue la primera prioridad del régimen. Para muchos más, existió persecución política, lo que impidió que los candidatos se postularan para un cargo. Lo que queda por tomar el control absoluto es la sociedad civil», señaló Diamanti.
El trabajo de la sociedad civil se volvió más importante a medida que el gobierno venezolano tomó medidas enérgicas contra la libertad de prensa. Su trabajo a menudo constituye la base de informes de organizaciones internacionales como la ONU.
Su investigación también es utilizada, aunque sin resultados tangibles, por la Corte Penal Internacional, que estaría investigando al gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.
«El régimen está convirtiendo a Venezuela en otra Corea del Norte donde es imposible obtener nuestra información fuera del país. Además de la realidad de los millones que están sufriendo», indicó Diamanti.
