Una trayectoria marcada por la defensa de las mujeres
El Consejo de Ministros propondrá este martes a Teresa Peramato Martín (Salamanca, 63 años) como nueva fiscal general del Estado. La decisión llega tras el cese de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
Peramato es fiscal de carrera con más de 35 años de experiencia y una figura clave en la lucha contra la violencia de género. Actualmente ocupa el cargo de Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo y ha sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Su perfil progresista envía un mensaje político claro en medio de la polémica por la condena de García Ortiz.
Reconocimiento dentro y fuera de la profesión.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que el nuevo fiscal general cumpla requisitos de solvencia, independencia y prestigio profesional. Según fuentes de La Moncloa, Peramato reúne esas condiciones y cuenta con el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. La evaluación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será el siguiente paso, aunque su informe no es vinculante.
Impulsora de la especialización en violencia de género.
En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También participó en el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, contribuyendo al primer informe anual en 2007. Su trabajo ha sido decisivo para consolidar la especialización judicial en este ámbito.
El relevo en la Fiscalía General del Estado.
Si se confirma su nombramiento, Peramato será la cuarta fiscal general bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, tras María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Mientras tanto, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, ejercerá como fiscal general en funciones.
El proceso de nombramiento.
La Constitución establece que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno y con informe previo del CGPJ. Posteriormente, el candidato comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso antes de la designación definitiva.
