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Bachelet presentó informe demoledor sobre Venezuela ante la ONU

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, denunció el viernes la erosión del estado de derecho en Venezuela, advirtiendo también una vez más que las sanciones internacionales agravan la crisis.

Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio, habló delante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al día siguiente de la publicación de un informe sobre el país latinoamericano, cuyo gobierno denunció un documento lleno de «errores».

El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por «resistencia a la autoridad», según el gobierno, durante operaciones de seguridad.

Las principales instituciones y el estado de derecho en Venezuela fueron erosionados», declaró Bachelet.

Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, la violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas», agregó la Alta Comisionada.

En el documento, Bachelet pide a Caracas disolver las FAES, un cuerpo de élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un «mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad».

El informe detalla que en 2018, 5.287 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por resistencia a la autoridad, según el gobierno, durante estas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según Caracas.

El texto también señala que, a 31 de mayo, 793 personas estaban privadas arbitrariamente de libertad y que, en lo que va de año, 22 diputados de la Asamblea Nacional fueron privados de su inmunidad parlamentaria, entre ellos su presidente Juan Guaidó, que desde enero intenta sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.

Ante el Consejo de Derechos Humanos, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, reconoció las debilidades del sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían cometido desviaciones puntuales.

 

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