El Ministerio de Función Pública ha presentado una propuesta para incrementar un 11 % el salario de los empleados públicos entre 2025 y 2028. La medida beneficiaría a los 3,5 millones de trabajadores del sector público en España y supondría una inversión total de 2.000 millones de euros. Sin embargo, el plan contempla que solo un 4 % del aumento se aplique durante los dos primeros años, lo que ha generado un rechazo frontal por parte de los principales sindicatos.
Tensión en la negociación: sin margen para un plan alternativo.
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha dejado claro que no habrá modificaciones: “No hay un plan B”, afirmó. CCOO, UGT y CSIF analizarán la propuesta y darán una respuesta formal el próximo lunes, aunque ya han adelantado su disconformidad con el calendario planteado.
El sindicato CSIF ha sido el más crítico. Considera que la oferta es insuficiente y que perpetúa la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde los recortes de 2010. Si el Gobierno no flexibiliza el límite del 4 % en los primeros dos años, advierten que volverán a movilizarse en las calles.
UGT y CCOO abren la puerta al acuerdo, con condiciones.
Desde UGT, Isabel Araque —secretaria general de Servicios Públicos— ha señalado que aceptarían el límite del 4 % si se garantiza un incremento fijo del 5 % en enero de 2027. “En poco más de un año, los empleados públicos verían una subida del 9 %”, explicó.
CCOO, por su parte, condiciona cualquier acuerdo al cumplimiento de los compromisos pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI (2022–2024). Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública del sindicato, valoró positivamente los avances en empleo y derechos laborales, aunque expresó reservas sobre el ritmo de aplicación del aumento salarial.
