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Nicaragua retoma el diálogo con la OEA como testigo

El régimen de Nicaragua y una representación de la oposición a Daniel Ortega, retomaron este jueves las negociaciones con la presencia de la OEA como testigo, en medio de la advertencia de «sanciones específicas e individuales» del Parlamento Europeo contra funcionarios y allegados al mandatario sandinista, señalados por violaciones a los derechos humanos.

Las negociaciones, que no contaron con la presencia de la representación estudiantil que forma parte de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fueron reanudadas luego que las partes acordaran la «excarcelación de un núcleo apreciable» de manifestantes presos, que era una de las demandas de la oposición.

Las partes llegaron a ese acuerdo tras una reunión conjunta con el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, que participan en calidad de testigos y acompañantes.

Las negociaciones, que se desarrollan en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, al sur de Managua, habían sido abandonadas por la Alianza Cívica el domingo pasado después de ocho sesiones sin que las partes se hubieran puesto de acuerdo en los temas de fondo, relacionados con la justicia y la democracia.

El jefe de los negociadores de la oposición, Carlos Tünnermann, dijo a periodistas que las partes discutirán un cronograma que permita liberar gradualmente a los detenidos por manifestarse contra el gobernante Ortega.

El gobierno tiene un compromiso para este viernes, para continuar con la mesa de diálogo, ya que hoy deben de salir un numero apreciable de presos políticos, afirmó Tünnermann.

Por su lado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a marchar el próximo sábado en las calles en demanda de la liberación «incondicional y absoluta» de los cientos de detenidos, a pesar de la prohibición emitida por la Policía Nacional para este tipo de manifestaciones.

Las marchas no oficialistas fueron prohibidas por la Policía Nacional de Nicaragua desde el pasado mes de septiembre cuando amenazó con encarcelar a quienes las promuevan.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha ocasionado 325 muertos desde abril del año pasado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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