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Nuevas normas aprobadas para venezolanos en Perú

Resolución publicada este viernes por el gobierno peruano explica la contratación laboral de los venezolanos con empresas privadas

El gobierno de Perú, a través de su Ministerio de Trabajo, aprobó este viernes nuevas disposiciones para la contratación laboral de personas de nacionalidad venezolana con Permiso Temporal de Permanencia Provisional (PTP o Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario).

Según la nueva resolución, el contrato de trabajo, así como sus prórrogas o modificaciones a venezolanos, no pueden ser superior a la vigencia del PTP; ya que este permiso provisional -otorgado por el Gobierno peruano- constituye una condición necesaria para la celebración del contrato laboral, según pública el periódico oficial El Peruano.



Las partes (trabajador y empleador) pueden acordar que el contrato de trabajo se prorrogue automáticamente conforme al PTP, por igual o menor plazo; mientras que la pérdida de vigencia del Acta o Permiso Temporal, así como el no otorgamiento de este permiso, según corresponda, termina automáticamente el contrato de trabajo.

De igual manera, el ministerio de Trabajo del Perú reitera que las empresas que contraten a venezolanos con PTP están obligadas a establecer condiciones equivalentes a las de los empleados peruanos. Con la nueva normativa, el Gobierno del país inca busca evitar que se produzcan relaciones laborales informales o casos de explotación.



Esta norma es una evidente respuesta a los problemas derivados de la creciente migración de origen venezolano que está llegando a Perú, bien para residenciarse en el país o para seguir en tránsito hacia otros destinos, fundamentalmente Chile.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Superintendencia Peruana de Migraciones, 3.000 venezolanos ingresan diariamente a Perú, en un número creciente por vías terrestres, por lo que se estima hay 330.000 inmigrantes venezolanos registrados en la nación andina, pero es posible que haya más de 50.000 o 70.000 adicionales completamente ilegales.

El Ministerio de Trabajo encargó a “la Autoridad Inspectiva de Trabajo” la fiscalización del cumplimiento de esta resolución gubernamental.

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