Derechos humanos peligran en el arco minero del Orinoco
Una misión de investigación informa de brutales masacres y esclavitud sexual en el arco minero del Orinoco del estado Bolívar en Venezuela, donde las bandas armadas luchan por el control.
Luchando por sobrevivir en medio de la inflación desbocada de Venezuela, la escasez generalizada y el desempleo desenfrenado, una joven abandonó la ciudad de San Félix con la promesa de un trabajo en lo profundo de los bosques del estado Bolívar.
La oferta hecha en Facebook prometía un buen salario a cambio de trabajar en un pueblo minero en auge.
Una vez allí, sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que había sido engañada. En lugar de cocinar, cortar el cabello y lavar la ropa, hombres armados la obligaron a vender su cuerpo a los mineros de oro.
Un informe histórico de la ONU sobre abusos contra los derechos humanos en el arco minero sin ley de Venezuela ha encontrado evidencia de tráfico sexual generalizado y violencia contra mujeres y niños vulnerables en la región.
«La situación en el estado Bolívar y otras áreas mineras es profundamente preocupante», dijo Patricia Tappatá Valdez, autora del informe de investigación, que se presentó en Ginebra esta semana. «Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en la violenta batalla entre el Estado y los grupos criminales armados por el control del oro».
A medida que la economía de Venezuela se ha derrumbado, obligando a casi 7 millones a huir del país, el presidente Nicolás Maduro ha utilizado a las fuerzas estatales y grupos paramilitares para reprimir la disidencia y reforzar su control del poder.
El arco minero rico en oro, donde los grupos armados colombianos y venezolanos luchan por el control de sus lucrativas minas, se ha convertido en un punto caliente para los abusos contra los derechos humanos.
Aunque los pueblos mineros de Bolívar son sitios de masacres brutales y están plagados de enfermedades, los investigadores de la ONU dicen que proliferan rumores en las ciudades de todo Bolívar de que las minas son la ruta hacia las riquezas.
Una vez atraídas a la región, las mujeres y niñas económicamente vulnerables son esclavizadas por grupos criminales que roban sus documentos o las amenazan con violencia, violación o vergüenza pública.
Si bien a los hombres generalmente se les cortan las manos o los dedos por romper las reglas de las pandillas, el informe encontró que las mujeres son avergonzadas públicamente. A las trabajadoras sexuales se les afeitó el cabello o se les despojó públicamente como una forma de humillación por tratar de escapar.
Una testigo le dijo a la misión que en septiembre de 2021 vio al menos a 30 mujeres con cicatrices alrededor de la boca o las orejas cortadas. Etiquetados como «los descartados», sus caras fueron cortadas por las pandillas para que fueran menos atractivas para los clientes.
«Entrar en las minas es muy fácil para las mujeres», dijo otra entrevistada a los investigadores. «El problema es salir de allí de una sola pieza».
El informe encontró que las fuerzas militares infladas de la región son cómplices, ignoran el tráfico sexual y, en algunos casos, fueron responsables de las violaciones de derechos humanos.
Los investigadores recopilaron numerosos informes de soldados que no permitían que las mujeres pasaran los puestos de control a menos que realizaran favores sexuales.
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Los 70 estudios de caso en el informe ofrecen una ilustración desgarradora de cómo la corrupción y la impunidad han dejado a los grupos más vulnerables del país -mujeres, niños y poblaciones indígenas- expuestos al abuso de las fuerzas estatales.
A cambio de parcelar tierras a bandas armadas, el círculo íntimo de Maduro desvía la mayor parte de las ganancias de las drogas, el oro y el trabajo sexual, dijo Cristina Burelli, fundadora del grupo de defensa SOS Orinoco.
«Estos no son autócratas, estos son criminales», dijo. «Estos grupos armados y las estructuras de poder político y militar están completamente enredados».
Los bosques anárquicos del Orinoco son peligrosos para el acceso de las ONG y los periodistas, lo que significa que la misión no pudo documentar completamente la magnitud de las atroces violaciones de derechos humanos, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación.
La misión de investigación de la ONU sobre Venezuela expira el viernes y la votación sobre si extender el mandato probablemente tendrá lugar la próxima semana.
«Existe un alto riesgo de que la dinámica de la violencia no solo se perpetúe, sino que comience a normalizarse, mientras que al mismo tiempo la impunidad y el contexto de anarquía aseguran que las violaciones continúen, o incluso empeoren, dejando a las poblaciones de esas regiones completamente desprotegidas», dijo Valiñas.
