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García podria tomar cualquier país como destino si Uruguay aprueba el asilo

El estado uruguayo le entrego un "amparo provisional" mientras se estudia el caso

El expresidente de Perú Alan García quien gobernara el país andino en dos periodos (1985-1990 y 2006-2011) en días pasado solicito asilo en la embajada de Uruguay, podría elegir entre quedarse en su país o mudarse a otro Estado, si este decide concederle el asilo diplomático, según explicó este marts el ex canciller uruguayo y abogado Didier Opertti.

“El Gobierno peruano puede, en cualquier momento, exigir que el exiliado sea retirado del país. En ese caso, Uruguay tendría que, contando con el salvoconducto necesario que le tiene que proveer la autoridad peruana, retirarlo de la embajada e ir a territorio extranjero”, detalló en una entrevista Opertti

En ese sentido, remarcó que para el integrante del Partido Aprista de Perú este escenario se daría solo si el Gobierno del Perú lo exigiera.

Si no fuera así, el Estado uruguayo sería el encargado de decidir si continuaría asilado en la embajada o si se demandaría el salvoconducto para considerarlo “perseguido”.

Asimismo, en el caso de que García se refugiara en algún otro Estado, Perú podría “hacer el reclamo pertinente e incluso llegar a pedir su extradición”, añadió el también diplomático, de 81 años.

Lea también: Alan García pidió asilo en la embajada de Uruguay ubicada en Perú

Sin embargo, de momento, el Gobierno uruguayo le otorgó a García, de 69 años, apenas un “amparo provisional” mientras estudia el caso, una “primera medida tomada en caso de urgencia” y que no impide de ninguna forma un análisis de la situación “tomando en cuenta las informaciones aportadas por el Gobierno de Perú”.

“Habrá un pronunciamiento sobre si fue un delito por el cual se le persigue o se le incrimina, la naturaleza del delito, y todo ello debe ser tomado en cuenta, ya sea para continuar el asilo o exigir el salvoconducto para la persona que está dentro de la sede diplomática”, manifestó.

En este caso, la decisión definitiva deberá ser tomada por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, quienes podrán nutrirse de informes elaborados por la cancillería acerca del caso.

Esta decisión no cuenta con un plazo establecido en la Convención de 1954, por lo que ahora se “abre un espacio de consulta de negociación diplomática, de relacionamiento político”, según Opertti.

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